Mineria

CATAMARCA

La pueblada de Andalgalá

Una enorme victoria popular contra el saqueo y la contaminación

El juez de minas de Catamarca, Raúl Cerda, acaba de ordenar la suspensión de toda actividad por parte de Minera Agua Rica. La resolución judicial se produce en medio de un levantamiento popular en Andalgalá. Tanto en la capital catamarqueña como en otros pueblos del interior provincial se producían simultáneamente movilizaciones solidarias denunciando al gobierno y reclamando el retiro de las fuerzas de represión y el “No a Agua Rica”, así como la suspensión de la actividad de la Alumbrera.

Andalgalá estaba conmocionada frente al avance del nuevo emprendimiento minero a 17 kilómetros del pueblo, que va a comenzar su actividad plena en 2012 y que triplica en proporciones al de La Alumbrera. A la preocupación sobre las consecuencias en materia de contaminación y saqueo, se agregó la información de que el subsuelo donde está levantado el pueblo de Andalgalá había sido incluido en un proyecto minero a cargo de multinacionales, el Pilciao 16, lo que implicaba el desalojo de todos sus pobladores.

En ese cuadro, organizaciones ambientalistas decidieron el 14 de diciembre pasado un corte en la localidad de Chaquiago (vecina a Andalgalá), que impedía el paso de todo vehículo o maquinaria vinculados con Agua Rica.

Para enfrentar la creciente lucha contra la entrega y el saqueo minero, el intendente de Andalgalá, Perea, junto con el apoyo de la burocracia de Aoma (Asociación Obrera Minera), la UCR y diversas asociaciones de empresas proveedoras de la minera impulsaron un movimiento pro-mina. Como esta presión no disuadió a los ambientalistas, apelaron a la represión.

El lunes 15, por orden del Juez Provincial Cecenarro, fuerzas especiales de la gendarmería y de la policía provincial procedieron al desalojo violento del corte. Los vecinos opusieron una tenaz resistencia y varios de ellos fueron golpeados y detenidos. Las fuerzas de represión pusieron en estado de sitio a todo Andalgalá, impidieron el accionar de los medios y todo ambientalista era susceptible de ser detenido. En esta acción quedó claro que el gobierno provincial de Brizuela, que puso la infantería, y el de los Kirchner, que puso la gendarmería –oficialistas y opositores– se hermanaron para defender a las multinacionales mineras que saquean y contaminan medio país.

La noticia corrió como reguero de pólvora en todo Andalgalá. Miles de vecinos inmediatamente ganaron las calles y se movilizaron hacia la comisaría para reclamar la libertad de los detenidos y luego avanzaron contra todas las instalaciones del poder político, así como también contra las oficinas y vehículos de la minera y las empresas proveedoras, las que fueron una tras otras incendiadas.

La ira popular aumentó a medida que las fuerzas de represión cargaban sobre los manifestantes. Una enorme pueblada colocó en estado de sitio a las fuerzas de represión y a los políticos de la minera, quienes sólo atinaron a acusar a activistas de afuera por “las acciones vandálica”. Al día siguiente, la fiscal Nieva señalaba que todas las personas involucradas en los incidentes eran vecinos de Andalgalá.

Fue una enorme victoria haber arrancado la resolución del juez de minas. La lucha debe continuar en todo el país por la libertad de todos los detenidos, por el “No a Agua Rica”, por la inmediata suspensión de la actividad de la Alumbrera, rechazo en todas la universidades de los fondos de las mineras. Fuera todos los políticos y el régimen de las mineras.